Alegaciones al anteproyecto de modificación de la ley del suelo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid prepara para un nuevo boom inmobiliario tramitando con carácter de urgencia una modificación más de la ley del suelo, en pleno estado de alarma, con todos los plazos suspendidos por el confinamiento.

¿Nos ayudas a difundir? Tenemos hasta el martes 2 de junio para petarles el buzón de alegaciones.

Descarga en este enlace el modelo para presentar las alegaciones, es fácil y rápido.

https://www.inquilinato.org/wp-content/uploads/2020/05/ALEGACIONES-modif-Ley-Suelo-mayo2020-OK-2.docx

COMUNICADO PROYECTO CIUDADANO DEL MENOR DE LEGANÉS

LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN LEGANÉS ¿ESTÁ RESUELTA?
El Proyecto Ciudadano del Menor de Leganés ha atendido, hasta el momento, dentro de la Red de Ayuda
Mutua a un total de 165 menores.
Recibimos con inquietud la noticia de que a partir del 31 de mayo dejan de darse los menús municipales que
venían recibiendo tanto las familias que perciben una RMI como quienes están en trámite de recibirla o no
pueden acceder a dicha prestación al no cumplir alguno de los requisitos formales; familias refugiadas que
todavía están esperando regularizar su situación; familias que se han quedado sin trabajo y sin ingresos y
nunca habían tenido que solicitar ayudas…
Según nos indican algunas de las personas afectadas, se les ha comunicado que cesa la entrega de comidas,
enviándose a los y las menores con beca de comedor a los repartos de la Comunidad de Madrid. Para el
resto se abre un proceso de estudio de cada situación para gestionar, si son posibles, ayudas que están por
determinar.
Nos preguntamos cómo está previsto que quienes no tienen RMI continúen recibiendo, mientras tanto, al
menos un menú. Un menú que ya era insuficiente, por lo que se aprobó por unanimidad en el Pleno
municipal aumentarlo a tres o sustituirlo, lo que resultaría más económico y más eficaz, por un bono
canjeable por alimentos, como hemos solicitado diecisiete entidades vecinales de este municipio. En dicho
pleno, el Alcalde Presidente hizo un reconocimiento a la Red de Ayuda Mutua por el trabajo que venimos
desarrollando. Lo que necesitamos es, en realidad, no tanto agradecimientos como soluciones reales para las
familias en situación de necesidad.
El hambre no puede esperar, el hambre infantil no solo no espera, es imperdonable. Queremos suponer que
se han tomado medidas alternativas urgentes que se pondrán en marcha el 1 de junio, pero, hasta ahora, las
desconocemos y pedimos nos sean comunicadas.
Sí sabemos que las familias están llegando a nuestra red de apoyo y a otras entidades ciudadanas, ninguna
de las cuales tiene fondos inagotables. La solidaridad vecinal puede actuar, y así lo ha hecho, como una red
de atención urgente mientras se organizan respuestas públicas a la emergencia sobrevenida, pero no puede
ser la solución municipal permanente a la situación de extrema necesidad de su ciudadanía.
Proyecto Ciudadano del Menor de Leganés
PROYECTO CIUDADANO DEL MENOR DE LEGANÉS:
Este proyecto está sostenido por las siguientes entidades sociales del municipio: AAVV Barrio Centro, San Nicasio,
Vereda de Estudiantes y Zarzaquemada; Comisión de Educación de Arroyo Culebro (AVV de Arroyo Culebro, AMPA
Manuel Vázquez Montalbán, AMPA Ángel González y AMPA Rafael Frühbeck de Burgos); Comisión de Educación de
Leganés; y Delegación Local de la FAPA Giner de los Ríos.

Documento:

Escolarización 2020/2021

Si tienes que presentar de manera presencial la solicitud de escolarización de tus hijos e hijas y tienes dudas, no estás sol@, la @FAPA_LEGANES te ayuda.

✔️ PIDE CITA PREVIA:
☎️ 633 04 34 55
📧 dleganes@fapaginerdelosrios.org

📍CEIP VÍCTOR PRADERA

📅 Horarios en cartel

Después del hambre, el desahucio

Ariel no se llama Ariel. Vamos a ocultar su verdadero nombre para evitar que puedan localizarle los que hicieron que saliera de su país para llegar a España como refugiado. El resto de su historia, por desgracia, sí es cierta. Y está ocurriendo ahora mismo en Leganés.

Ariel tiene alrededor de sesenta años. Es colombiano. Lleva en nuestro país como refugiado desde hace tres. Durante ese tiempo ha ido sobreviviendo en España alquilando habitaciones mientras trabajaba como pintor en la construcción.

Ariel tiene papeles, la tarjeta roja que le dicen ellos. Tiene permiso de trabajo y hasta el pasado catorce de marzo podía vivir casi sin problemas en una habitación con derecho a cocina como las que en los años cuarenta y cincuenta constituían el hogar de muchas familias españolas. Esa habitación pertenece a una vivienda en la zona centro de Leganés en la que viven cuatro personas. Una de ellas es la titular del contrato de alquiler de la vivienda. Esa misma persona realquila, sin papeles, cada una de las otras tres habitaciones de la vivienda por 280 euros al mes a otras personas. Una vivienda de alquiler, una habitación para la titular y otras tres realquiladas. Así van tirando.

Pero el día catorce se acabó todo. Por su edad Ariel es persona de riesgo ante el coronavirus y además la construcción se paralizó. Desde entonces no ha podido volver a trabajar y lleva tres meses sin poder pagar el alquiler.

No tiene paro ni ningún tipo de ayuda pese a que ya ha llamado a las puertas de la concejalía de Asuntos Sociales y de Cáritas. Ha llenado todos los formularios que le han pedido. En los dos sitios han tomado nota de su situación pero no ha llegado ningún tipo de ayuda. Puede comer gracias a que la Red de Apoyo Mutuo, formada por voluntarios, le ha llevado alguna cesta básica de comida.

Dice Ariel que, de momento, la persona que le alquila la habitación en la que vive no le ha dicho directamente que se vaya. Pero si le ha dicho, y él lo sabe, que ella tiene que pagar el alquiler de la casa, que sin su aportación de 280 euros no puede, y que en cuanto él deje la habitación habrá otro inquilino dispuesto a ocuparla. Sin contrato ni papeles, claro. La vivienda en nuestro país esta así de difícil ahora mismo.

Se acerca fin de mes y las cosas se van a poner peor

Elena tampoco se llama Elena. También es colombiana y refugiada. Vive en otra habitación de la misma casa donde vive Ariel. Casi todo en su experiencia es parecido a la de Ariel, salvo que Elena tiene solo veintisiete años y lleva algo menos de año y medio en España. También tiene estatuto de refugiada y papeles. Esa situación de legalidad le permitirá pedir la ayuda para vivienda que la legislación española concede, durante los dos primeros años, a quienes tienen que salir de un país en conflicto y convertirse en refugiados.

Pero a Elena, que no había querido pedir la ayuda porque tenía trabajo, le pilló la pandemia tramitando esos papeles. Desde entonces todas las oficinas están cerradas. Cualquier tramite burocrático que se requiera se ralentiza o se vuelve imposible si hay que hacer alguna gestión en persona. Elena tendrá que esperar. En su caso, seguramente más que Ariel, porque Elena es camarera y el trabajo en su sector tardará mas tiempo en volver a ser como fue.

Un caso muy distinto es el de Margarita. Ella tiene poco menos de cincuenta años, es peruana y vive con su marido de casi sesenta y su hijo de veintitantos en la parte baja de una nave en un polígono industrial de Leganés. En la parte alta vive otra familia también latinoamericana. Cada una de ellas pagaba unos cien euros a la dueña de la nave.

Margarita y su familia salieron de Perú buscando una vida mejor. Estuvieron en Italia donde el idioma y los problemas de trabajo no les permitieron adaptarse. Llegaron a España donde, tras un primer desahucio, anduvieron deambulando hasta que encontraron un centro de acogida donde solo le permitían pernoctar a ella porque no había camas suficientes. Su marido tuvo que permanecer en la calle.

Finalmente, llegaron mediante algunos contactos hasta este hangar donde pensaban permanecer solo unos días cuando llegó el confinamiento. Desde entonces ni su marido, que se ganaba la vida como peón de la construcción eventual acudiendo por las mañanas a la Plaza Elíptica para ser recogido por los conocidos «pistoleros», ni su hijo que colaboraba de vez en cuando en mudanzas, han podido trabajar. Margarita tiene cálculos en la vesícula y es posible que tenga que ser operada. La atienden en el Hospital Severo Ochoa.
También para ellos se acaba el tiempo. No tienen papeles que les permitan seguir en la nave. Y la dueña les dice que la necesita.

Si en los próximos seis ó siete días nadie sale en ayuda de Ariel, Elena y Margarita, se verán en la calle. Mientras tanto, la puesta en marcha de las ayudas sigue enredada en las lianas de la burocracia. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento parecen desbordados y solo la actuación de organizaciones como la Red de Apoyo Mutuo, Cáritas y otras parecen estar haciendo frente a las próximas víctimas de la pandemia.

Fuente: https://aqui.madrid/despues-del-hambre-el-desahucio/

Servicios Sociales reconoce «insuficientes» los menús diarios y trabaja en dar un mayor servicio de comidas

La concejala de Servicios Sociales ha confirmado que trabaja en una solución para incrementar los menús diarios ofrecidos a las personas en situación de vulnerabilidad. Una única comida entre diario consistente en dos platos y un refresco.

Desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Leganés hace entrega a más de mil personas un menú diario para garantizar la alimentación de las personas más vulnerables. Una entrega diaria de lunes a viernes consistente en dos platos de 120g, una pieza de pan y un refresco. Aunque muy necesaria, se ha calificado de insuficiente, algo que han reconocido desde Servicios Sociales.

«Entendemos que es insuficiente, nos gustaría llegar a mucho más, todos los recursos que podamos poner lo vamos a hacer», aseguraba la Concejala de Servicios Sociales, Eva Martínez, en el pasado Pleno del mes de mayo, donde se confirmó que la mesa de trabajo social, conformada, hasta ahora, por todos los grupos municipales, ya había trabajado en una solución para suplir esta situación. «La demanda se ha triplicado en estos meses«.

Se trata de una medida puesta sobre la mesa por Unidas Podemos-IU Leganés consistente en cambiar el precio de cada menú por un cheque para compras de alimentación canjeable en comercios de proximidad local. «Vamos a dar un paso más allá, ahondando en ello. Estamos trabajando en la propuesta de los cheques pero estamos teniendo dificultades», señalaba recordando que había sido rechazada la propuesta por Intervención.

Apertura de un comedor social

Desde el PP de Leganés se recordaba en el debate en el Pleno que es necesaria la entrega de 3 comidas diarias los 7 días a la semana y no solo los días laborables como se viene haciendo hasta ahora. «El cheque es muy difícil porque las medidas las está echando atrás la intervención«, destacan, apostando por pensar en otras soluciones para poder garantizarlo. 

En este sentido, se señaló la posibilidad de abrir un comedor social para todos aquellos beneficiarios de este menú. «Seguimos con propuestas para la apertura de este comedor«, aseguraba la edil de Más Madrid-Leganemos, Eva Martínez. 

A pesar de que la moción fue aprobada hace diez días, la solución todavía no se ha podido alcanzar, algo que recriminan desde Unidas Podemos-IU Leganés. Mientras tanto, la agrupación vecinal de la Red de Ayuda Mutua ha ayudado a más de 400 familias, a muchas de ellas con la entrega de una cesta de alimentación básica. «Algunos son perceptores de este menú pero es insuficiente, otros no van a por él porque no tienen dinero para desplazarse hasta el centro de Leganés», nos cuentan desde la red.

Fuente: https://leganesactivo.com/2020/05/25/menus-diarios-insuficiente-leganes-servicios-sociales/

La emergencia sanitaria ha dado paso a la emergencia social.

Nuestra Asociación forma parte, como sabéis del proyecto del Menor de Leganés. Desde que se ha producido el estado de Alarma, hemos participado en la Red Vecinal de Ayuda Mutua, red desde la que intentamos ayudar a todas las familias a superar la crisis económica que la pandemia ha provocado.

Desde la primera semana de abril hasta ahora, hemos podido apoyar a  84 familias, de ellas: 

Total personas adultas: 121

Total menores: 100    (Hasta 2 años: 29,  De 3 a 6: 15    De 7 a 12: 37    De 12 a 16: 19)

Tenemos el convencimiento de que la solidaridad vecinal es imprescindible para estos momentos de emergencia, y queremos dar las gracias a todas las personas que lo estáis haciendo posible con vuestras aportaciones.

Pero también tenemos la convicción de que los servicios públicos pueden y deben dar una respuesta urgente, decidida e integradora a estas situaciones, y por ello estamos peleando.

Saludos solidarios.

Nota de prensa de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés.

LAS VECINAS Y VECINOS COMO CENTRO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
¡AHORA MÁS QUE NUNCA!

Una buena gestión de los recursos económicos es imprescindible en
estos momentos de crisis

Es necesario gestionar bien los recursos públicos para evitar que la crisis
sanitaria y económica, nos lleve a una crisis social.
Por eso es necesario identificar con claridad dónde hay que favorecer que haya recursos y de dónde los vamos a sacar.
Desde el análisis que hacemos las asociaciones vecinales de Leganés, y
refiriéndonos siempre al gobierno municipal, en la balanza del gasto deben primar las políticas sociales:
– Que las familias tengan recursos económicos para sostener el gasto
básico y mover la economía.
– Que las familias y las personas más vulnerables reciban recursos
públicos para que nadie se quede atrás y evitar la crisis social.
Por eso en esos momentos compartimos nuestras propuestas de manera
pública para que los que toman las decisiones en el gobierno de la ciudad
escuchen la voz de la ciudadanía.
Apoyo a las familias y al pequeño comercio:

  • Subvencionar todos los recibos del IBI del año 2020 en un 11,42%, que es la subida que ha aplicado el Ayuntamiento de Leganés, a pesar de no haber sido aprobada por el Ayuntamiento en Pleno.
  • Subvencionar en un semestre al comercio (tasa de basura…) que ha estado cerrado obligatoriamente por esta crisis.
  • Abonar de manera rápida las ayudas para la rehabilitación de
    edificios.
    Las familias están sosteniendo los gastos y aún no saben
    nada de las ayudas solicitadas en el 2019.

Partidas Económicas y propuestas para atender las necesidades de
emergencia
provocadas por esta crisis ya enunciadas junto a otros colectivos de la ciudad, entre las que recordamos:

  • Partidas específicas para atender situaciones de emergencia habitacionales y alimentaria.
  • Establecer procedimientos que permitan la concesión y recepción urgente de la ayuda. Sistema exprés
  • Pedimos vales o cheques sociales para alimentos básicos. El sistema actual de catering, el menú individual, cuesta más de 5 euros. Con ese dinero se pueden comprar alimentos básicos, legumbres arroz, aceite, etc. y se pueden alimentar una familia de cuatro miembros.
  • Reforzar los servicios sociales así como los servicios de información, orientación y apoyo para la obtención de las prestaciones sociales.
  • Atender a los sin hogar. Necesitan, con urgencia, un albergue y que se les facilite tres comidas al día. Actualmente tienen una comida al día de lunes a viernes. Un comedor municipal, con cocina, es imprescindible para Leganés.
  • La otra parte de la balanza es de dónde salen los recursos. Desde las asociaciones vecinales, después de ver los presupuestos municipales, también tenemos propuestas.

Hay importantes partidas económicas que pueden pasar a cubrir estos gastos, en EMSULE, consorcios urbanísticos, y del superávit del año pasado. Y, desde luego, estamos obligados a revisar y ver de otra manera el presupuesto municipal para identificar nuevas prioridades en estos momentos.

Las asociaciones vecinales haremos propuestas y alegaciones, en su caso, para instar a dirigir el gasto en esa dirección.

Pero, desde luego, a estas medidas de emergencia habría que añadir un Plan Estratégico Municipal que abordara la sostenibilidad de la ciudad y de las personas a corto y medio plazo. Un Plan Estratégico que requiere de la participación de todas las organizaciones de la ciudad.

Las asociaciones vecinales queremos ser parte del diseño de un Leganés mejor para todas/os.


Leganés, 9 de mayo de 2020

Archivo:

La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presentacomo frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”… usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente a nuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.

2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.

3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.

4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.

 5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.

6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.

7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

Fuente:https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32143/riechmann-yayo-herrero-digitalizacion-coronavirus-teletrabajo-brecha-digital-covid-trazado-contactos.htm

El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para pedir una moratoria o rebaja en el pago del alquiler

El Gobierno central publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una ampliación del plazo para que las familias más afectadas por la crisis del Covid-19 puedan solicitar una moratoria o una rebaja en el pago del alquiler. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo marcaba el próximo 2 de mayo como fecha límite y ahora se prorroga dos meses más, hasta el 2 de julio.

Tal y como puede leerse en las disposiciones finales del BOE de ayer , la ampliación supone una modificación de la citada norma, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Tras el cambio, el plazo para demandar al casero una moratoria o una rebaja en el alquiler ha pasado de un mes a tres meses, contando siempre desde el pasado 2 de abril. Las condiciones y requisitos para poder acceder a esta medida no varían, siguen siendo los mismos. Los recordamos:

¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?

Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:

– En situación de desempleo.
– Dentro de un ERTE.
– Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
– En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.

¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?

Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:

  • No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
    • Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
    • Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
    • Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
    • Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
    • Etc.
  • La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?

El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:

  • En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el hasta el 2 de julio de 2020 (el primer plazo era hasta el 2 de mayo, pero se ha ampliado hasta el 2 de julio).

¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?

Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.

¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?

El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.

Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.

¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?

Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.

¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?

Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.

¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?

Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.

Pero entonces, ¿a quién tengo que solicitar la moratoria o reducción del pago del alquiler?

Los modelos de documentos que aparecen a continuación deben enviarse al arrendador o propietario de la vivienda en alquiler.