NO AL CIERRE DE AULAS PÚBLICAS EN LEGANÉS

La Consejería de Educación ha eliminado en Leganés, antes de la escolarización, al menos 10 aulas de Educación Infantil afectando, aproximadamente, a un 30% del total de los centros educativos públicos. Unas 250 familias de Leganés se verán afectadas por el cierre de aulas de educación infantil.

Las aulas eliminadas, publicadas en raíces, y sin un consenso y participación previa con la Comunidad Educativa, se puede comprobar la supresión de 6 grupos de 3 años, de igual manera se consolida la pérdida de 4 grupos más de 4 años que no recuperan línea tras haberla perdido el curso pasado.

La oferta educativa nunca debe reducirse antes del periodo de escolarización porque el cierre previo supone condicionar la elección de las familias, si no se ofertan las plazas en este periodo, obviamente, las familias no podrán solicitarlas. La reducción de la oferta pública supone limitar las opciones de las familias que apostamos por la Escuela Pública.

Esta situación crea un agravio comparativo entre la Escuela Pública y las privado-concertadas ya que este tipo de supresiones sólo afectan a las primeras.

De igual manera rechazamos la planificación que se está realizando con vistas al curso 2021/2022 ya que, según las comunicaciones que se van dando, se pretende iniciar curso con las antiguas ratios y entendiendo que ya no habrá pandemia. Consideramos que este hecho supone una temeridad, en este tiempo de pandemia hemos aprendido, entre otras cosas, que no podemos tener la certeza de qué escenario nos encontraremos en septiembre, por lo que descartamos esa posibilidad ya que no nos parece ni adecuada ni responsable.

Colabora! Firma la petición.

Fonte: https://www.change.org/p/dat-sur-consejería-de-educación-e-investigación-comunidad-de-madrid-no-al-cierre-de-aulas-públicas-en-leganés

Nota de prensa de El Proyecto del Menor sobre la solicitud de reunión con la Intervención de Leganés

EL PROYECTO DEL MENOR SOLICTARÁ REUNIÓN CON LA INTERVENCIÓN
DE LEGANÉS
El pasado 25 de febrero de 2021 el proyecto del Menor de Leganés fue recibido por
las concejalas de Servicios Sociales (Eva Martinez Borrega) y la concejala de Educación,
infancia y juventud (Virginia Jimenez Calero). Está reunión (telemática) tenía por objeto
conocer por parte del proyecto del menor de Leganés cuáles son las medidas que se van a
tomar por parte de ambas concejalías, una vez aprobados los presupuestos 2021 de Leganés.
Por parte de ambas concejalías ya son bien conocidas las reivindicaciones del
proyecto:

  • Creación de una mesa de coordinación de las entidades que actualmente
    están ayudando a familias en Leganés; capitaneada por los Servicios Sociales.
  • Refuerzo de los servicios sociales para que puedan atender con agilidad.
    Cubrir bajas Ampliar plantilla Atención presencial (adecuación espacios)
  • Establecer procedimientos que permitan ayudar a familias sin papeles o
    padrón
  • Establecer procedimientos que permitan abordar prestaciones destinadas al
    pago de alquiler y suministros. (bien a través de entidades, Emsule….)
  • Ayudas para medicinas a familias sin cartilla sanitaria con derecho a
    medicinas
  • Establecimiento de bonos para la adquisición de alimentos en los comercios
    del municipio a las familias en situación de vulnerabilidad
  • Retomar la ayuda a la escolaridad, que ha dejado a muchos alumnos sin
    ayuda para material escolar libros, equipos básicos de informática etc.
  • Cubrir el gasto de comedores escolares para alumnos que no pueden pagar
    su cuota.
  • Facilitar mascarillas y gel hidroalcohólico al alumnado en situación de
    vulnerabilidad económica.
    Desde el proyecto del menor se mostró una posición de “escucha activa” y toda la
    disposición para colaborar con la administración para poder conseguir los objetivos y mejoras
    de la atención a la infancia de Leganés. La Concejala de Servicios sociales informa que el
    expediente para apoyo escolar está muy avanzado y que en breve se cerrará la contratación.
    Se han incrementado las cantidades asignadas en el presupuesto para ayudas a vivienda y
    energía, tarjeta social o monedero y aumento de contratación del personal de servicios
    sociales (8 nuevas y 12 consolidaciones). No puede fijar los plazos en la contratación. Y en
    cuanto a las ayudas para vivienda, energía, tarjeta social o aumento de convenios con otras
    entidades se informa al proyecto del Menor que hay problemas para la justificación de dichos
    gastos y que se están buscando las formulas que lo permitan para que tengan el visto bueno
    de la intervención municipal.
    La concejala de Educación en referencia a las ayudas a la escolarización informa que
    este curso no van a poder concederse ayudas a la escolarización, como se venía haciendo
    en años anteriores, por cuestión de competencias (según argumentan desde la intervención
    municipal). Y se van a asignar a proyectos escolares 400.000€ a colegios y 100.000€ a
    AMPA ́s.
    Desde el proyecto del Menor de Leganés pensamos que existe un defecto de gestión tanto
    política como técnica que quizás además venga dado por la falta de personal dentro de la
    Concejalía de Educación. Del mismo modo nos cuestionamos el poder de la intervención para
    denegar algo que se ha venido haciendo durante años y que deben sentarse a negociar de
    manera directa esta cuestión por ser de suma importancia para muchas familias. También se
    solicita que el Ayto. recurra a sus servicios jurídicos para poder aclarar de una vez por todasesta situación con la intervención y se informa que se solicitará una reunión con la interventora
    para que explique al proyecto directamente los motivos por los que tienen paralizado el
    municipio de Leganés a nivel social y educativo.

#MasQueNuncaSanidadPublica14M

El impacto de la pandemia de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid nos ha mostrado de una manera descarnada y brutal la debilidad de nuestro sistema de salud pública, muy tocado tras años de recortes y externalizaciones. Somos la región con más personas fallecidas por el virus y una de las primeras en cuanto a grado de incidencia en la población, algo que, en buena medida, es fruto de una desastrosa gestión.
Ante esta situación de extrema gravedad exigimos que nuestros gobernantes actúen con eficacia y tomando siempre medidas en aras del interés general, que no es otro que preservar nuestra salud. La mayoría de la ciudadanía madrileña pensamos que el gobierno de Díaz Ayuso no está gestionando la pandemia con esos criterios. De hecho, la Covid-19 está sirviendo como argumento para derivar al sector privado recursos económicos extraordinarios que los Estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva.
Por todo lo anterior, cuando se cumple un año de la pandemia en nuestro país, un número importante de colectivos sociales, vecinales y agrupaciones de profesionales sanitarios nos hemos unido para promover una amplia movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública. Esta tendrá una expresión en la calle el próximo domingo 14 de marzo con una gran Marea Blanca que saldrá a las 12:00 desde el Paseo del Prado. ¿Nos ayudas a impulsar la movilización también en las redes sociales?

La FRAVM pide a la Delegación del Gobierno que rectifique y permita los actos del 8M en Madrid

Incomprensión y perplejidad. De esta manera ha recibido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir todas las manifestaciones y concentraciones feministas que iban a celebrarse el 7 y 8 de este mes. Por eso pide una rectificación al Gobierno central y que facilite la celebración de unos actos que se iban a realizar al aire libre y con todas las medidas de seguridad sanitaria.

 

Los colectivos impulsores son muy conscientes de la delicada situación sanitaria que atravesamos en estos momentos, y por ello habían diseñado unos actos muy medidos y controlados con el fin de evitar grandes aglomeraciones y minimizar al máximo el riesgo de contagios.

Por ello, no entendemos la postura de José Manuel Franco y su equipo, que sorprendentemente ha optado en esta ocasión por meter a todas las convocatorias feministas callejeras en un mismo saco, denegando el conjunto de permisos solicitados. Ante este hecho, que atenta contra un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución como es el Derecho de reunión y manifestación, pedimos al delegado del Gobierno que rectifique y permita los actos en la vía pública proyectados para celebrar una fecha tan importante como del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Desde hace tiempo, las asociaciones vecinales se vuelcan con esta jornada, promoviendo todo tipo de actividades por la igualdad en sus barrios, y este año no ha sido una excepción, como puede verse en este mapa virtual: https://aavvmadrid.org/actos-8m-de-2021/ Con motivo de la Covid-19, la mayoría de las actividades de esta edición son virtuales y, aquellas físicas, presentan un aforo muy limitado.

La FRAVM, que agrupa a 290 entidades de la Comunidad de Madrid, considera un auténtico sinsentido cancelar las concentraciones del 8M, que se iban a celebrar al aire libre y con las medidas de distancia física y seguridad sanitaria que exige el momento, a la vez que se permiten grandes eventos musicales en espacios cerrados y se alienta el consumo en bares o centros comerciales, lugares que, a menudo, tal y como ha sucedido en las semanas precedentes, con motivo de las rebajas, acogen grandes aglomeraciones. No es de recibo que se cancelen ordenadas manifestaciones mientras se amplían las terrazas de los locales de hostelería y estemos obligados a viajar, a diario, como sardinas en lata en los trenes del Metro y el Cercanías en hora punta, o que la Comunidad de Madrid no solo no decrete el cierre perimetral de la región en Semana Santa sino que invite a los turistas a venir a visitarnos.

Por todo lo anterior, pedimos al Gobierno central una rectificación para que no solo permita sino que facilite, poniendo todos los medios que sean necesarios, la celebración de los actos en la vía pública del 8M en Madrid.

Fuente: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)

Carta abierta a D. Santiago Llorente Gutierrez, alcalde de Leganés, por el Colegio oficial de Trabajo social.

Damos difusión a esta carta, por su acertada denuncia sobre unas inaceptables declaraciones del Alcalde de Leganés, en relación a quienes no va a beneficiar la vivienda pública: “ “en ningún caso se destinará a población de realojo ni se adjudicará a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales”.

A través de unas compañeras colegiadas de nuestro Colegio Profesional nos han llegado unas declaraciones que usted ha realizado por medio de un vídeo en el que ha anunciado la promoción de vivienda pública ofertada por parte del Ayuntamiento de Leganés.  En esas declaraciones usted manifiesta que dicha vivienda pública “en ningún caso se destinará a población  de  realojo ni se adjudicará  a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales”. En este sentido, queremos recordar que venimos de dos décadas en las que se ha venido incrementando la exclusión residencial en España, en un contexto de mercantilización de la vivienda con una burbuja financiera e inmobiliaria cuyas consecuencias aún estamos pagando. Con una política pública de vivienda orientada a la compra en detrimento del alquiler, una producción de vivienda protegida bajo mínimos históricos (y en el caso de la Comunidad de Madrid incluida la venta de vivienda pública a fondos con ánimo de lucro) y recortes en los presupuestos destinados a políticas de vivienda. Con una estimación de demanda potencial de vivienda social 1,5 millones de hogares y, de acuerdo con las proyecciones de hogares, que puede ascender hasta los 2,65 millones de hogares en el año 2030. En definitiva, una flagrante vulneración del derecho a la vivienda y lo que ha venido en calificarse como una situación de emergencia habitacional y de crisis de asequibilidad, que requiere de un profundo giro en las políticas de vivienda llevadas a cabo.  A diario desde los Servicios Sociales se atienden numerosas situaciones críticas de personas que han perdido su vivienda o están a punto de perderla, familias con altos niveles de sobreendeudamiento con verdaderos problemas para poder pagar la renta de alquiler, o que residen en infraviviendas, o en un mercado de habitaciones desregulado y precario, discriminación o, en su vertiente más grave, situaciones de sinhogarismo. Paradójicamente, ante la falta de respuesta de las políticas de vivienda y de sus responsables públicos en esta situación crítica, los Servicios Sociales están tratando de dar una respuesta en la que carecen de instrumentos, como si de tuvieran que reconvertirse en una especie de inmobiliaria social improvisada ante la pasividad de los departamentos de Vivienda.   El sistema de adjudicación de vivienda pública es un sistema focalizado, en el que solamente puede acceder a la vivienda social la población que el mercado excluye, marcando determinados límites de ingresos y combinando un modelo de carácter generalista con uno restringido (con normas específicas dirigidas a determinados grupos vulnerables).  Por su parte, la Ley  11 / 2003, de 27 de  marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid recoge por un lado el principio de la universalidad,  “los servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos” y por otro, el principio de igualdad “derecho a acceder y utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, estado civil, edad, ideología, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad será compatible con una discriminación positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y facilite la integración social”. Se entiende que toda la ciudadanía es susceptible de poder optar a los Servicios Sociales ante cualquier crisis vital, situación de desprotección, discapacidad o dependencia en la que se pueda encontrar en un momento determinado de su vida. Y el acceso a las políticas sociales públicas se realizará sin ningún tipo de discriminación según las circunstancias personales o sociales. Por tanto, declarar que “en ningún caso se destinará a población de realojo ni se adjudicará a personas o familias usuarias de los Servicios Sociales” no hace sino favorecer la exclusión y alimentar estigmas.  Primero, porque no se puede excluir de la vivienda pública a quienes deben ser su objetivo prioritario: las personas que se han visto afectadas por dos graves crisis económicas sufridas en  nuestro país; las personas y familias golpeadas  por la situación del COVID-19, que ha empobrecido a toda  la población en general; aquellas que ya  venían dañadas de procesos anteriores cuya situación de exclusión social y residencial se ha visto agravada; ni tampoco a la población que proviene de un proceso de realojo, ya que presentan una gran vulnerabilidad social al carecer de una vivienda digna y estable sin la cual es imposible mantener una vida adecuada. En segundo lugar, porque este tipo de comentarios alimentan los estigmas hacia las personas o familias que acuden a los Servicios Sociales y hacia la población de realojo. Nutren el miedo, el rechazo y la aversión hacia la pobreza, hacia las zonas o barrios empobrecidos y, principalmente, hacia las personas pobres. Por tanto, es obligación de las personas que ostentan una responsabilidad pública evitar declaraciones que puedan fomentar, aunque sea de manera involuntaria, la aporofobia. Antes al contrario, deben ir encaminadas a favorecer la convivencia vecinal y el respeto a la ciudadanía con independencia de su nivel de ingresos económicos. Así que, desde nuestro Colegio profesional, queremos manifestar nuestra preocupación por las declaraciones realizadas. Le trasladamos la opinión profesional de nuestra colegiatura.
 Nos ponemos a su disposición para cualquier duda o aclaración que usted quisiera presentarnos. Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

Fuente: http://www.comtrabajosocial.com/noticia/2021/3027/carta-abierta-a-d-santiago-llorente-gutierrez-alcalde-de-leganes

“TOMAMOS LA PALABRA” SALE EN FORMATO DIGITAL

Desde el 1 de marzo, la revista Tomamos la palabra, que asume la historia de Pedimos la palabra, está colgada en la página de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada (https://avzarzaquemada.com/palabra#2021). Con un formato más modesto pero ampliando las secciones y los artículos de opinión, Tomamos la palabra circulará por las redes sociales mediante enlaces y referencias diversas. Ya no estará en la calle, pero podrá leerse en cualquier dispositivo electrónico. Además, los artículos empezarán a utilizar hipertextos y documentación gráfica, posibilidades de las que carecía la revista en formato en papel. A partir de aquí, Tomamos la palabra seguirá profundizando en las luchas sociales que orientan el mundo hacia su transformación en una democracia real y un mundo sostenible.