Madrid acoge una manifestación estatal para demandar la inmediata aprobación de una ley de residencias

Ante la grave situación que atraviesan estos establecimientos de mayores, en los que ya han fallecido más de 20.000 personas en España como consecuencia de la Covid-19 o con síntomas compatibles, la Marea de Residencias organiza este sábado, 26 de septiembre, una manifestación estatal para reclamar la inmediata aprobación de una “ley de residencias”. La FRAVM apoya una movilización que, entre otras cosas, reclamará la gestión pública de todas las residencias propiedad de las administraciones autonómicas.

La marcha comenzará a las 12:00 y transcurrirá entre la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y el Ministerio de Sanidad, sito en el número 18 del Paseo del Prado de la capital.

La federación vecinal, que ha apoyado a la plataforma Marea de Residencias desde su creación, suscribe las razones y demandas que han dado vida a la convocatoria del sábado, y que están recogidas en el manifiesto que aparece a continuación. Entre estas destacan la reversión de las privatizaciones que se han producido en los últimos años en el ámbito de las residencias y de la sanidad públicas, la reclamación de unas condiciones dignas no solo para las y los usuarios sino para los trabajadores y trabajadoras de estos centros de mayores y una ley de residencias de ámbito estatal que regule adecuadamente el sector con el fin de proteger a nuestros mayores.

Manifiesto con motivo de la manifestación del 26 de septiembre de 2020

Los colectivos, asociaciones, sindicatos y personas en general, adheridas a este manifiesto, nos reafirmamos en lo siguiente:

Las Instituciones han de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.

Las plazas públicas residenciales han de estar gestionadas por la Administración y éstas deben  dirigir sus esfuerzos a garantizar una atención de calidad, poniendo en el centro a las personas. Del mismo modo esperamos una reversión de las políticas de privatización que han abocado  irrevocablemente a nuestra denostada SANIDAD PÚBLICA a un colapso mortal, cobrándose demasiadas vidas humanas.

Las trabajadoras de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, un horario adecuado al esfuerzo que realizan, una remuneración apropiada y acorde con el esencial servicio que prestan a la sociedad.

La proporcionalidad de trabajadoras versus residentes ha de ser suficiente y claramente explícita en todas las categorías y turnos, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención a las personas que precisan de cuidados.

Esas personas,  cuya vida no fue precisamente fácil,  se han visto abocadas en las residencias, durante todos estos años a vivir su vejez padeciendo día tras día la ausencia de empatía y la más absoluta indiferencia por parte de los gobiernos que, haciendo dejadez de sus funciones, dejan en manos privadas o mal gestionan, sometiendo a una mera cuenta de resultados, la última etapa de la vida de las personas mayores.

Este manifiesto se queda corto en estos momentos. La crisis ha puesto en evidencia todo lo anterior de una forma terriblemente cruel. Lo que en estos Centros veníamos denunciando sistemáticamente ha explotado ante la perversa inactividad de los distintos gobiernos, sumándose la negligente, inmoral, y en muchos casos “alegal” e  improvisada gestión de los gobiernos autonómicos.

Hemos sido testigos mudos del deterioro progresivo que durante décadas han ido deteriorando la vida de las personas en las residencias de todo el territorio español.

¡Basta Ya! El genocidio sufrido por nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos… La evidentísima vulneración de sus derechos fundamentales, la privación de libertad hasta unos límites inimaginables, el trato degradante y la falta de humanidad de nuestras instituciones, que otorgan a empresas privadas, con sus tristes protocolos, una potestad que no les corresponde decidiendo  sobre las vidas, ha despertado a la sociedad de su letargo. La situación es tan grave que no seguiremos mudos por más tiempo. Hemos de expresar nuestra más absoluta indignación y rechazo alzando nuestras voces en un único grito.

¡Por justicia, responsabilidades!

¡Por dignidad, Derechos Humanos!

Por eso, nos adherimos a la Marea de Residencias y exigimos a los Gobiernos autonómicos un giro de 360º en sus políticas, que le impulse a ejercer, como es su obligación, de garante de los derechos de las personas más vulnerables.

exigimos al Gobierno central que se implique: ¡Ley de Residencias Ya!

Fonte: https://aavvmadrid.org/noticias/madrid-acoge-una-manifestacion-estatal-para-demandar-la-inmediata-aprobacion-de-una-ley-de-residencias/

Convocatoria #LosBarriosSeLevantan: Un Gran Éxito

Gran éxito en la convocatoria #LosBarriosSeLevantan impulsada esta tarde por las #AsociacionesVecinales de la región. Más de 50 centros de salud acogen en estos momentos actos de solidaridad con los barrios confinados y para reclamar más recursos en Atención Primaria, sanidad, educación, transporte y otros servicios públicos. De esta manera ganaremos al Covid-19, y no segregando, como se está haciendo, los barrios trabajadores más humildes. ¿Nos escucharán en esta ocasión nuestros gobernantes? Orgullo de barrios y de movimiento vecinal, responsable y consciente. #DignidadDelSur #dignidaddeleste #Dignidaddebarrios

238 medidas para la reconstrucción de la región madrileña post Covid-19

Tras analizar la difícil situación que atravesamos, la FRAVM ha elaborado un documento con 238 propuestas de 18 áreas diferentes destinadas a afrontar la crisis económica y social consecuencia de la epidemia del Covid-19. Estas van desde una reforma fiscal que aumente la carga a las rentas más altas hasta un incremento del número de trabajadores sociales, pasando por un aumento de las plantillas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, un plan de construcción de residencias de mayores públicas o una apuesta decidida por el transporte público, la bici y los desplazamientos a pie.

La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto, de una forma descarnada, la debilidad de nuestro sistema de protección social y la fragilidad de nuestro modelo económico. Es evidente que ninguna región o país estaba preparado para afrontar una crisis sanitaria como la que hoy sufrimos, pero también lo es que el virus llegó a una Comunidad de Madrid con un escudo público extraordinariamente menguado tras años de recortes y privatizaciones. La enorme tragedia vivida en las residencias de mayores, que ya se ha llevado a más de 8.500 de nuestros abuelos y abuelas, aparece como el resultado más doloroso de esta ecuación.

Pero esta crisis sanitaria, que ha convertido a la región madrileña en la más afectada en cuanto a número total de contagios y personas fallecidas, no ha venida sola. Una crisis económica más profunda que la de hace una década ha comenzado a fraguarse, como bien conocen los colectivos de barrio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), hoy centrados en responder a la emergencia alimentaria y social con el desarrollo de despensas solidarias y otras iniciativas destinadas a ayudar a la vecindad más desprotegida. Las “colas del hambre” que a diario podemos ver ante las sedes de nuestras asociaciones muestran las raquíticas dimensiones de nuestro sistema de protección social, con unos servicios sociales municipales absolutamente desbordados, incapaces de absorber la enorme demanda existente. Solo en el municipio de Madrid la crisis ha destruido entre 60.500 y 108.000 puestos de trabajo, según cálculos del Ayuntamiento.

Ante este panorama, la FRAVM, muy preocupada por la realidad que llega de los barrios y localidades de la comunidad autónoma, ha elaborado un documento de propuestas destinadas a poner en marcha un plan de reconstrucción para la región, una batería de medidas que tiene previsto compartir con las administraciones, los agentes políticos y sociales y la ciudadanía. De hecho, esta misma tarde mantendrá una reunión con representantes de Más Madrid con este fin, y en breve espera hacerlo también con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al que ha solicitado un encuentro. En los días pasados ha presentado buena parte de las propuestas del documento a Unidas Podemos, el Grupo Socialista y CCOO.

El informe de la federación recoge un total de 238 medidas repartidas en 18 áreas, que van desde sanidad, residencias de mayores y servicios sociales hasta política fiscal, empleo y gestión de residuos, pasando por cultura y deportes, igualdad, educación, transporte y movilidad e incluso huertos urbanos.

“La crisis ha disparado el volumen de población perteneciente a colectivos vulnerables que necesitan de ayudas. Debemos prepararnos para recibir una oleada de personas desempleadas que antes de la pandemia estaban trabajando, se multiplicará el número de desahucios de vivienda… y así una buena lista de urgencias sociales que necesariamente la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos deben afrontar, algo que pueden hacer de la mano del movimiento vecinal, que siempre va a aportar su experiencia y conocimiento de la realidad de los barrios y municipios con el fin de que la respuesta sea más rápida y certera”, señala Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, resumiendo el espíritu del documento.

MÁS DE 200 MEDIDAS PARA RECONSTRUIR MADRID

El informe vecinal arranca con las propuestas de sanidad, entre las que destacan un incremento del número de profesionales de Atención Primaria, Pediatría y Atención Hospitalaria, un aumento del número de camas hospitalarias, la creación de una farmacia pública, la construcción de los centros de salud comprometidos por el Gobierno regional y la reversión de los 7 hospitales PFI (de gestión mixta) y los 4 hospitales PPP (de gestión privada) existentes.

A renglón seguido, aborda el déficit que viven los servicios sociales, y para paliarlo la FRAVM sugiere incrementar el número de trabajadores sociales municipales hasta llegar a la ratio de 1 por cada 3.000 habitantes, como recomienda el Consejo General de Trabajo Social. La federación también propone extender las tarjetas-monedero recargables, la aprobación automática de las solicitudes de ayuda en los casos de urgencia (comida, medicamentos, vivienda) y asegurar el volumen de productos de que disponen los ayuntamientos para atender las demandas de primera necesidad de la población, con el fin de que se hagan cargo en un plazo muy breve de las familias que hoy en día atienden las redes vecinales. En el caso de la capital, estas ascendían en abril a 6.000 hogares, un número que en mayo se ha quedado muy desfasado.

Respecto a las residencias de mayores, la FRAVM defiende la transición hacia un nuevo modelo en el que la mayor parte del peso recaiga en la Administración, con un plan de inversiones públicas que acabe con el actual déficit de 10.000 plazas, lo que equivale a abrir en la Comunidad de Madrid 100 nuevas residencias públicas de 100 plazas cada una. Para ello, habría que liberar entre 750 y 1.000 millones de euros. Por otro lado, la normativa debería fijar unos estándares mínimos en relación al número de personas atendidas (personal en cada turno, superficies, habitaciones, equipos…) y habría que dotar a los centros de salud de una plaza de médico/a de geriatría que atienda a las residencias y a la población de su zona.

En el capítulo de igualdad, la federación propone, entre otras cosas, la puesta en marcha de programas específicos para mujeres mayores aisladas en sus casas (que por ejemplo viven en edificios sin ascensor o tienen dificultades para salir a la calle).

Y en educación, además de la ejecución inmediata de los centros educativos ya presupuestados, sugiere la activación de ayudas para alimentación a las familias vulnerables con hijos e hijas en edad escolar durante el periodo vacacional, la reanudación de los comedores escolares en septiembre y la mejora de las ratios de personal docente/alumnado, considerando los parámetros aconsejables para evitar contagios.

En cuanto a movilidad y transportes y contaminación, además de reforzar el transporte público y de una apuesta decidida por la bicicleta con la creación de carriles bici temporales, y por los itinetarios a pie, la entidad vecinal sugiere extender Madrid Central a otras áreas de la capital y la bonificación o gratuidad del abono transporte a personas desempleadas y trabajadores/as en situación de ERTE.

En gestión de residuos, sería importante poner en marcha un plan de reducción de desechos Covid-19, así como un sistema de medición frecuente de emisiones en el entorno de la incineradora de Valdemingómez, que desde hace semanas procesa residuos sanitarios de este tipo.

Vivienda, reforma fiscal y economía son tres de los capítulos que incluyen un mayor número de medidas. En el caso de que las rentas del alquiler no bajen a niveles razonables en los próximos meses, la FRAVM propone aprobar en la Asamblea de Madrid la regulación de los topes máximos de alquiler y de sus incrementos anuales, así como ampliar “a muy corto plazo el parque de viviendas alquilables” e imponer una tasa o un recargo en el IBI de las viviendas vacías.

Por otro lado, la organización ciudadana entiende que es necesario un cambio en la política fiscal que garantice la suficiencia de los recursos públicos. La Comunidad de Madrid tiene la presión fiscal más baja de España, de modo que es preciso elevarla sobre los grandes patrimonios y rentas de la región. En este marco, propone una rebaja en el IRPF a las familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida por la Covid-19, así como actualizar el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 € (con un incremento del 22,5%) y la creación de dos nuevos tramos, para rentas superiores a 120.000 € (23,5%) y para rentas por encima de 200.000 € (25,5%). Además, sugiere eliminar la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a aquellos contribuyentes con herencias (bienes, derechos, seguros…) por importe superior a un millón de euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a aquellos patrimonios superiores a 700.000 € (excluyendo de la base la vivienda habitual, aplicando la tarifa de la Ley 19/1991, de 6 de Junio, del Impuesto de Patrimonio).

Por otro lado, y en línea con los alcaldes y alcaldesas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Murcia, propone que los ayuntamientos puedan disponer de los remanentes acumulados de los ejercicios económicos anteriores sin ningún tipo de limitación y mayor flexibilidad en los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para poder aumentar el gasto público.

Finalmente, en el área de “recuperación económica”, la FRAVM sugiere, entre otras medidas, la aprobación de planes de revitalización del pequeño comercio de barrio, la puesta en uso de los locales de la EMVS y la AVS vacíos, un plan de ayudas al sector del turismo rural, un impulso a la rehabilitación edificatoria y la promoción de un parque científico vinculado al sector de la salud en alguno de los polígonos del sur y este de Madrid (Villaverde, Vallecas o Vicálvaro), siguiendo el modelo de la Fundación Parque Científico de Madrid.

En el enlace siguiente puedes descargarte el documento completo de propuestas de la FRAVM.

El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para pedir una moratoria o rebaja en el pago del alquiler

El Gobierno central publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una ampliación del plazo para que las familias más afectadas por la crisis del Covid-19 puedan solicitar una moratoria o una rebaja en el pago del alquiler. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo marcaba el próximo 2 de mayo como fecha límite y ahora se prorroga dos meses más, hasta el 2 de julio.

Tal y como puede leerse en las disposiciones finales del BOE de ayer , la ampliación supone una modificación de la citada norma, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Tras el cambio, el plazo para demandar al casero una moratoria o una rebaja en el alquiler ha pasado de un mes a tres meses, contando siempre desde el pasado 2 de abril. Las condiciones y requisitos para poder acceder a esta medida no varían, siguen siendo los mismos. Los recordamos:

¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?

Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:

– En situación de desempleo.
– Dentro de un ERTE.
– Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
– En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.

¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?

Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:

  • No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
    • Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
    • Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
    • Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
    • Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
    • Etc.
  • La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?

El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:

  • En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el hasta el 2 de julio de 2020 (el primer plazo era hasta el 2 de mayo, pero se ha ampliado hasta el 2 de julio).

¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?

Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.

¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?

El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.

Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.

¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?

Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.

¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?

Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.

¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?

Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.

Pero entonces, ¿a quién tengo que solicitar la moratoria o reducción del pago del alquiler?

Los modelos de documentos que aparecen a continuación deben enviarse al arrendador o propietario de la vivienda en alquiler.

Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno central

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2020, que establece una serie de medidas de apoyo a las familias que residan en una vivienda alquilada y no puedan hacer frente al pago de la renta por causas relacionadas con la actual crisis sanitaria, el Área de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM ha elaborado una serie de documentos con el fin de que las asociaciones vecinales puedan informar a sus vecindarios. Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 2 de mayo.

El citado real decreto ley contempla una serie de medidas de apoyo a las familias que están en alquiler y que como consecuencia de la crisis del coronavirus han sufrido una significativa bajada de ingresos. A continuación desgranamos esas medidas y ponemos disposición tres modelos para solicitarlas: una solicitud tipo y dos escritos de declaración responsable que deben acompañar la solicitud.

Las medidas se encuentran recogidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, cuyo enlace es el siguiente: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.

¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?

Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:

  • En situación de desempleo.
  • Dentro de un ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
  • En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.

¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?

Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:

  • No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
    • Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
    • Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
    • Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
    • Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
    • Etc.
  • La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?

El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:

  • En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo de 2020.

¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?

Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.

¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?

El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.

Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.

¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?

Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.

¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?

Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.

¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?

Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.

Documentos.

Modelo solicitud moratoria o rebaja alquiler covid-19:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81410/modelo-solicitud-moratoria-o-rebaja-alquiler-covid-19.doc

Declaración responsable cumplimiento requisitos:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81411/declaracion-responsable-cumplimiento-requisitos.docx

Declaración responsable carencia de documentos:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81412/declaracion-responsable-carencia-de-documentos.rtf

Resumen ayudas al alquiler coronavirus

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81413/resumen-ayudas-al-alquiler-coronavirus.pdf

La FRAVM se opone al cierre de centros de salud y demanda a la Comunidad de Madrid total transparencia informativa

Consciente de la situación de excepcionalidad que vivimos, la organización vecinal pide al Gobierno regional que no debilite aún más la Atención Primaria con el desvío de profesionales al hospital de campaña del IFEMA, una medida que forma parte del plan de reorganización de la Consejería de Sanidad. El seguimiento telefónico y la asistencia domiciliaria de los centros de salud están siendo esenciales para no saturar aún más las urgencias hospitalarias.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a 287 colectivos de la comunidad autónoma, es muy consciente de la situación de excepción que vivimos en estos momentos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. De hecho, desde que las administraciones comenzaron a aplicar las primeras medidas para hacerla frente, se puso a su completa disposición, y el pasado viernes envió una carta al ministro de Sanidad en la que le urgía a enviar a Madrid respiradores y material de protección para que nuestros profesionales sanitarios puedan combatir la enfermedad en mejores condiciones. Todo esfuerzo es poco para frenar una pandemia que ya se ha cobrado más de 1.200 personas en nuestra región, una verdadera tragedia que aún está lejos de remitir. En este contexto, entendemos perfectamente la necesidad de reorganizar el sistema de salud autonómico, pero esto no puede pasar por debilitar, aún más, nuestra Atención Primaria, un sector que está siendo esencial en estos momentos para la población, y que sirve, entre otras muchas cosas, de dique de contención para los servicios de Urgencias de los hospitales. Gracias al seguimiento telefónico y a la asistencia domiciliaria de centenares de enfermos y enfermas con síntomas de coronavirus, que desde hace días realizan los profesionales de los centros de salud, los hospitales no están hoy aún más saturados.

Por ello, resulta sumamente peligroso trasladar un elevado porcentaje de médicos y enfermeras de Atención Primaria al hospital de campaña del IFEMA, reduciendo horarios e incluso cerrando centros de salud completos. Lamentablemente, aún desconocemos cómo piensa realizar la Comunidad de Madrid su anunciada reorganización sanitaria en Atención Primaria. ¿Qué centros de salud van a cerrar y durante cuánto tiempo? ¿Dónde se tienen que dirigir las y los pacientes de las áreas afectadas? ¿Cómo y quién va a atender patologías diferentes al coronavirus en estos lugares? Son preguntas que requieren de una respuesta inmediata, pues el Gobierno regional ya ha comenzado a clausurar centros de salud, como es el caso del CS Los Alperchines, en San Fernando de Henares y mañana hará lo mismo con el CS de Alameda de Osuna, en Madrid. También tiene previsto clausurar temporalmente el CS de Velilla de San Antonio y eliminar las consultas de tarde de los centros de salud del Barrio del Puerto y del Barrio de la Estación, ambos en Coslada. Y esto es solo un ejemplo.

En este marco, la FRAVM reclama a la Comunidad de Madrid TOTAL transparencia informativa y, de nuevo, que busque los recursos necesarios para que el hospital de campaña del IFEMA no suponga una sangría irreparable en nuestro sistema de Atención Primaria que, recordemos, es el que aporta la mayor cercanía y proximidad al vecindario. ¿No es posible reforzar el centro de emergencias de la feria de muestras con facultativos jubilados, profesionales de otras provincias o estudiantes del último año de Medicina, tal y como se ha anunciado?

Por otro lado, aprovechamos para pedir, al igual que están haciendo otras muchas voces, que se adecúen las miles de camas que aún permanecen vacías, tanto en el sector sanitario público como en el privado, de acuerdo al Estado de Alarma.

Sabemos que la situación es durísima, pero nos parecería un error muy grave menguar, aún más, la calidad asistencial de la Atención Primaria, un sector muy debilitado por años y años de recortes. Nos guste o no, el resto de enfermedades y patologías siguen existiendo y todas las personas enfermas tienen derecho a cuidados y atención. La población sigue necesitando médicos, enfermeras, pediatras y especialistas para atender esta demanda, por lo que pedimos actuar con racionalidad y equidad, y no abandonar a su suerte a la población de las zonas rurales y de otras que se pueden ser afectadas en primer lugar por la reorganización sanitaria producto del COVID-19.

Imagen: San Fernando News

Fuente: https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-se-opone-al-cierre-de-centros-de-salud-y-demanda-a-la-comunidad-de-madrid-total-transparencia-informativa/

La FRAVM ya tiene nueva junta directiva

Los colectivos que forman parte de la FRAVM, la organización más representativa del movimiento vecinal en la Comunidad de Madrid, eligieron ayer a las 21 personas que dirigirán la entidad durante los próximos tres años. Lo hicieron en el marco de una concurrida asamblea general extraordinaria que, celebrada en el Centro de Mayores de Moratalaz, sirvió para refrendar la línea de su dirección en el trienio que ahora finaliza.

Las asociaciones vecinales optaron por la continuidad, tal y como se pudo escuchar en numerosas intervenciones durante el cónclave, y así refleja el resultado de las votaciones. Quique Villalobos, de la AV PAU del Ensanche de Vallecas y actual presidente en funciones, obtuvo el mayor número de votos, por delante de Silvia González, de la AV La Unidad de Villaverde Este y de Elena Sigüenza, de la AV Parque de Comillas (Carabanchel). Las tres forman parte de la Junta Directiva saliente.

Pero la dirección entrante también aporta caras y asociaciones nuevas. De hecho, 8 personas de las 21 elegidas lo son, así como 5 entidades, mientras que el resto repite mandato.

La nueva junta está conformada por 8 mujeres y 13 hombres. 5 asociaciones proceden de municipios de fuera de la capital, y el resto de Madrid ciudad, de 15 distritos diferentes.

Como marcan sus estatutos, en los próximos días la FRAVM convocará la primera reuniónde este nuevo equipo. En ella, sus componentes deberán elegir los cargos nominativos de la organización, es decir, los puestos de presidente/a, vicepresidente/a, tesorero/a, secretario/a y vocales. Hasta entonces, la organización seguirá dirigida por la antigua junta, que se halla en funciones.

A continuación reproducimos el resultado de las votaciones de ayer, con el número de votos obtenido por cada asociación candidata. Las 21 primeras conforman la nueva Junta Directiva de la FRAVM.

1. AV PAU del Ensanche de Vallecas: Enrique Villalobos. Madrid (Vallecas Villa): 214
2. AV La Unidad de Villaverde Este: Silvia González. Madrid (Villaverde): 202
3. AV El Parque de Comillas: Elena Sigüenza. Madrid (Carabanchel): 199
4. AV La Incolora: Javier Cuenca. Madrid (Villaverde): 198
5. AV Avance: Mercedes San Ildefonso. Madrid (Moratalaz): 195
6. AV Barajas: María Rosa Hidalgo. Madrid (Barajas): 194
7. AV Parque Henares: José Antonio Fernández De Cañete. San Fernando De Henares: 192
8. AV Puente de Vallecas: Jorge Nacarino. Madrid (Puente de Vallecas): 191
9. AV de Quintana: Ana María Martínez. Madrid (Ciudad Lineal): 189
10. AV Palomeras Bajas: Javier Espinosa. Madrid (Puente de Vallecas): 188
11. AV La Solidaridad: Juan Carlos Pérez. Fuenlabrada: 186
12. AV El Organillo: Julio López de La Sen. Madrid (Chamberí): 182
13. Plataforma Vecinal San Blas-Simancas : Agustina Serrano. Madrid (San Blas-Canillejas): 181
14. AV La Corrala: Manuel Osuna. Madrid (Centro): 180
15. AV Los Pinos de Retiro Sur: José Luis Fernández De Casadevante. Madrid (Retiro): 179
16. AV Orcasitas: Juan Antonio Cordero. Madrid (Usera): 175
17. AV del Municipio de Majadahonda: Helios Del Pozo. Majadahonda: 174
18. AV Colonia Juan Tornero: Ángel Oliva. Madrid (Latina): 169
19. AV Cuatro Caminos – Tetuán: Carmen Míguez. Madrid (Tetuán): 167
20. AV Tres Cantos: Gabriel Muñoz. Tres Cantos: 157
21. AV Montecarmelo: M.ª Rosario Del Campo. Madrid (Fuencarral- El Pardo): 137

22. AV La Flor: María Luisa Tomás. Madrid (Fuencarral-El Pardo): 114
23. AV Ciudad Fin de Semana: José Ángel Vicente. Madrid (San Blas-Canillejas): 61
24. AV Amistad de Canillejas: José Luis Mesa. Madrid (San Blas-Canillejas): 53
25. AV La Unión de Almendrales: Eugenio Brea. Madrid (Usera): 53
26. AV La Unión de Fuencarral: Ángel González. Madrid (Fuencarral- El Pardo): 43

Ayer, antes de la Asamblea General Extraordinaria de las elecciones, la FRAVM celebró una breve asamblea ordinaria. En ella, sus asociaciones aprobaron actualizar las cuotas anuales y ratificar el ingreso en la federación de las tres últimas entidades que lo han solicitado. Se trata de la Asociación Cultural Ítaca de Galapagar, la Asociación Vecinal de Campamento (Latina) y la Asociación La Vecinal del Barrio de Bilbao y Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal). Sus delegados fueron recibidos con un amplio aplauso. Con ellas, la FRAVM alcanza hoy los 287 colectivos federados, la cifra más alta de su historia.

Posteriormente, ya en la Asamblea General Extraordinaria, Quique Villalobos dio cuenta de la intensísima actividad de la FRAVM en los últimos tres años al presentar la Memoria 2017-2019 de la entidad, un documento de más de 300 páginas que puedes descargarte en este enlace.

Así, repasó las mil y un acciones y procesos impulsados por la organización en este periodo, en frentes tan diversos como la igualdad, la participación ciudadana, la vivienda, el urbanismo, el medio ambiente, la sanidad, la educación, la dignidad de las personas mayores, la movilidad, la cultura, el deporte, la convivencia, el empleo o las libertades públicas. Lo hizo situando a la organización en el actual contexto político, una realidad marcada por los cambios, el auge de formaciones extremistas y la inestabilidad.

En este marco, los y las representantes vecinales que participaron en la asamblea, procedentes de 75 barrios y municipios de la región, mostraron un apoyo cerrado a la junta directiva saliente y, de manera unánime, hicieron un llamamiento a la unidad de todas las asociaciones vecinales para hacer frente a los nuevos recortes sociales y en participación ciudadana, y a los ataques que, procedentes de ciertas agrupaciones políticas, sufre desde hace meses el movimiento ciudadano. “Si atacan a la FRAVM están atacando a todas las asociaciones vecinales, porque la FRAVM no es otra cosa que nuestras asociaciones unidas, y ante eso solo podemos responder con unidad y de manera contundente. Algunos nos quieren invisibles, y por eso tratan de invisibilizarnos, en los barrios y en todas partes, pero no lo van a conseguir”, indicó una de las presentes, con la equiescencia de toda la asamblea.

Como no podía ser menos, la FRAVM tuvo ayer un recuerdo muy especial con aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado en estos años, como es el caso de dos extraordinarias mujeres, que fallecieron en esta última quincena: Piedad Martínez, de la AV Orcasur (Usera), y Emilia Ortiz, de la AV Las Águilas (Latina).

Fuente: https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-ya-tiene-nueva-junta-directiva/

¡Ya basta de dioxinas y furanos! Marcha por el cierre de la incineradora de Valdemingómez

El próximo sábado, 8 de febrero, la FRAVM, Ecologistas en Acción y GRAMA organizan una marcha reivindicativa desde el Metro La Gavia hasta la incineradora de Las Lomas que comenzará a las 11:00. Un paseo de 9 kilómetros para reclamar al Ayuntamiento de Madrid el cierre de la instalación en 2025, tal y como se comprometió el equipo de Gobierno anterior.

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el “allanamiento judicial” de la corporación en la causa judicial que la Comunidad de Madrid emprendió el pasado mes de julio contra la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos de la ciudad, una decisión que pone en riesgo la ejecución de algunas de sus medidas más importantes, como el cierre de la incineradora de Las Lomas en 2025. Al menos, este es el temor de los colectivos ecologistas y vecinales, que llevan 25 años peleando por este fin y este sábado, 8 de febrero, llevarán su reivindicación hasta la puerta misma de la instalación.

La FRAVM, Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA)han convocado para ese día una marcha que arrancará en la estación de Metro de La Gavia y finalizará ante el Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se ubica. Portavoces de las tres entidades leerán un comunicado en el inicio del paseo reivindicativo, que recorrerá un total de 9 kilómetros. En su transcurso, pedirán que se respeten los plazos de clausura establecidos en el anterior mandato municipal, es decir, la reducción del 50% de la basura quemada en 2022 y el cierre definitivo de la planta tres años después.

El único documento oficial en el que aparece este calendario es la estrategia cuya aprobación ha recurrido el Gobierno regional, y la última decisión del ejecutivo de Martínez Almeida no trae más que malos augurios. ¿Por qué el Ayuntamiento no ha optado por subsanar los errores administrativos que rodearon la aprobación de ese plan, en vez de enterrarlo para siempre? ¿Qué aspectos de su contenido rechaza? Se preguntan las organizaciones citadas, que el pasado 8 de noviembre se reunieron con el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con la intención de resolver, hasta ahora en vano, este tipo de dudas.

La FRAVM se ha personado en el procedimiento contencioso administrativoiniciado por la Comunidad de Madrid con la intención de defender los avances que recoge la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos, un plan que aunque dista mucho de ser perfecto sitúa a la ciudad en la senda correcta, la marcada por Europa. ¿No sería más sensato corregir aquello que está mal hecho en vez de tirar a la basura todo el plan y volver a la casilla de salida, a empezar de cero? Asuntos tan importantes como este, donde está en juego no solo la conservación medio ambiente sino la propia salud de las personas, deberían quedar siempre fuera de las peleas partidistas y situarse en lógicas de cooperación y suma. Un mensaje que el sábado recordarán los manifestantes.

La instalación de Las Lomas es capaz de tratar diariamente unas 900 toneladas de residuos, que proceden de los rechazos de los procesos de tratamiento y clasificación de las plantas de La Paloma, Las Dehesas y la propia planta de Las Lomas, del Parque Tecnológico. En 2018 la incineradora quemó 328.680 toneladas de residuos, su máximo histórico y el límite teórico que puede admitir. Con estas cifras es evidente que la instalación, que actualmente funciona a pleno rendimiento, no puede asumir más basura. Y sin embargo, Valdemingómez acoge, desde el 28 de diciembre, la mayor parte de las 230.000 toneladas residuos anuales que hasta ese momento se llevaban al vertedero de Alcalá de Henares. ¿Qué parte de esta inmundicia es incinerada actualmente en Las Lomas?

Este incremento de los residuos que gestiona el Parque Tecnológico es otro elemento que pone en riesgo la clausura de la incineradora, y por razones como esta el pasado 24 de enero la FRAVM solicitó a los tribunales la paralización cautelar de la llegada de la basura de la Mancomunidad del Este. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que lleva la causa, no ha adoptado aún una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización vecinal.

La incineración de basura es el sistema menos eficiente, más caro y que menos empleo genera en la gestión de residuos urbanos, por lo que el cierre de la planta de Las Lomas es una necesidad urgente, sostienen los colectivos convocantes de la marcha del sábado. Entre las emisiones de esta instalación se encuentran dioxinas y furanos, contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada “docena sucia”, un grupo de productos químicos peligrosos que a su vez forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Diferentes estudios señalan la relación entre las emisiones lanzadas a la atmósfera de estos contaminantes y el incremento del riesgo en la población de contraer diversos tipos de cáncer (pleura, vesícula, estómago o páncreas) y enfermedades graves (como el linfoma no Hondgkin o malformaciones en recién nacidos). Uno de estos estudios, publicado recientemente por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, concluye que “existe un incremento significativo del riesgo de muerte por cánceren las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos”.

El Estudio de evaluación de la incidencia para la salud de las emisiones procedentes del parque Tecnológico de Valdemingómez que hizo público el Ayuntamiento de Madrid en enero de 2019 revela que los valores de dioxinas y furanos detectados en el Ensanche de Vallecas triplican los obtenidos en la calle Montesa del distrito de Salamanca, donde se realizó una prueba de control comparativo. Tras la publicación de este informe, el Ayuntamiento se comprometió a realizar mediciones mensuales de estos contaminantes en los cuatro puntos cardinales del complejo, pero a día de hoy ni siquiera se ha licitado el contrato para llevarlas a cabo.

La oposición de la ciudadanía a la actividad de la incineradora es más que notable y se ha mostrado de muy diferentes maneras en los últimos años. El 3 de diciembre de 2017, 3.000 personas se manifestaron en Villa de Vallecas por su clausura, y ese mismo año la propuesta “Incineradora de Valdemingómez NO” consiguió 16.307 apoyos en el portal Decide Madrid, siendo la cuarta propuesta más votada desde la puesta en marcha de este sistema de participación ciudadana.

Fuente: https://aavvmadrid.org/medio-ambiente/contaminacion-atmosferica/ya-basta-de-dioxinas-y-furanos-marcha-por-el-cierre-de-la-incineradora-de-valdemingomez/