Las personas damnificadas por la gran nevada ya pueden solicitar ayudas al Estado

Después de que el Estado declarara a Madrid como zona catastrófica por las consecuencias de la gran nevada Filomena, las personas físicas y jurídicas, las corporaciones locales y las comunidades de propietarios que sufrieron daños pueden solicitar ayudas económicas al Ministerio del Interior en un plazo de un mes a contar desde el 18 de enero. Una web de este organismo recoge en detalle el procedimiento para hacerlo, así como los modelos oficiales de reclamación.

Las ayudas por declaración de estado catastrófico aparecen recogidas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

Serán beneficiarias las siguientes personas y entidades:

a) Las unidades familiares o de convivencia económica que sufran daños personales o materiales.

b) Las Corporaciones Locales

c) Las personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente, hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes, a causa de una situación de emergencia.

d) Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios, con menos de cincuenta empleados, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hubieran sido dañado directamente por los hechos derivados de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica.

e) Las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal que hayan sufrido daños en elementos comunes de uso general que afecten tanto a la seguridad como a la funcionalidad del inmueble, derivados de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse, mediante los modelos normalizados que ha determinado reglamentariamente el Ministerio del Interior, en la Delegación del Gobierno o en cualquier registro público en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de terminación de los hechos, en el caso de los efectos de Filomena el pasado 18 de enero.

Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que, asimismo, determine reglamentariamente el Ministerio del Interior, para cada tipo de ayuda y de beneficiario.

La siguiente web del Ministerio del Interior explica en detalle el procedimiento y recoge los modelos oficiales:

Ministério do Interior – Orientaciones y Procedimientos

El Ministerio del Interior resolverá las solicitudes de forma motivada en el plazo de seis meses desde la fecha en que aquellas hayan tenido entrada en el registro de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, no obstante la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento. En ambos casos, podrán interponerse los recursos legalmente procedentes.

ANÁLISIS SINDICAL DE LOS EFECTOS DE LA BORRASCA “FILOMENA” EN LEGANÉS

La finalidad de este documento, tiene un objetivo analítico respecto de la gestión del temporal “Filomena” y sus días posteriores en la ciudad de Leganés. Si bien buena parte de este análisis contiene interpretaciones y conclusiones perfectamente comparables a la situación vivida en otros municipios del Sur de Madrid. Y aunque se recojan datos u opiniones que puedan verse como subjetivas, o calificadas como tal por aquellas personas que tengan oportunidad de leerlo, analizarlo o estudiarlo, no deja de ser un punto de vista que parte desde el ámbito sindical con una visión concreta, la de los trabajadores/as y sus representantes legales.

Desde el ámbito sectorial de Limpiezas, Jardinería y Mantenimiento Urbano del Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid de CGT y en coordinación con los compañeros de Jardinería de Madrid de CGT, nos proponemos hacer un balance que se apoye en una realidad que quizás no tenga la suficiente fuerza como noticia informativa relevante, pero que entraña realidades que afectan a la clase trabajadora y a sus derechos, a la ciudadanía y sus impuestos, a los servicios públicos, a su gestión y a los políticos/as y sus decisiones. /…/

Nota: Lea el texto completo en el archivo abajo.

Madrid acoge una manifestación estatal para demandar la inmediata aprobación de una ley de residencias

Ante la grave situación que atraviesan estos establecimientos de mayores, en los que ya han fallecido más de 20.000 personas en España como consecuencia de la Covid-19 o con síntomas compatibles, la Marea de Residencias organiza este sábado, 26 de septiembre, una manifestación estatal para reclamar la inmediata aprobación de una “ley de residencias”. La FRAVM apoya una movilización que, entre otras cosas, reclamará la gestión pública de todas las residencias propiedad de las administraciones autonómicas.

La marcha comenzará a las 12:00 y transcurrirá entre la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y el Ministerio de Sanidad, sito en el número 18 del Paseo del Prado de la capital.

La federación vecinal, que ha apoyado a la plataforma Marea de Residencias desde su creación, suscribe las razones y demandas que han dado vida a la convocatoria del sábado, y que están recogidas en el manifiesto que aparece a continuación. Entre estas destacan la reversión de las privatizaciones que se han producido en los últimos años en el ámbito de las residencias y de la sanidad públicas, la reclamación de unas condiciones dignas no solo para las y los usuarios sino para los trabajadores y trabajadoras de estos centros de mayores y una ley de residencias de ámbito estatal que regule adecuadamente el sector con el fin de proteger a nuestros mayores.

Manifiesto con motivo de la manifestación del 26 de septiembre de 2020

Los colectivos, asociaciones, sindicatos y personas en general, adheridas a este manifiesto, nos reafirmamos en lo siguiente:

Las Instituciones han de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.

Las plazas públicas residenciales han de estar gestionadas por la Administración y éstas deben  dirigir sus esfuerzos a garantizar una atención de calidad, poniendo en el centro a las personas. Del mismo modo esperamos una reversión de las políticas de privatización que han abocado  irrevocablemente a nuestra denostada SANIDAD PÚBLICA a un colapso mortal, cobrándose demasiadas vidas humanas.

Las trabajadoras de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, un horario adecuado al esfuerzo que realizan, una remuneración apropiada y acorde con el esencial servicio que prestan a la sociedad.

La proporcionalidad de trabajadoras versus residentes ha de ser suficiente y claramente explícita en todas las categorías y turnos, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención a las personas que precisan de cuidados.

Esas personas,  cuya vida no fue precisamente fácil,  se han visto abocadas en las residencias, durante todos estos años a vivir su vejez padeciendo día tras día la ausencia de empatía y la más absoluta indiferencia por parte de los gobiernos que, haciendo dejadez de sus funciones, dejan en manos privadas o mal gestionan, sometiendo a una mera cuenta de resultados, la última etapa de la vida de las personas mayores.

Este manifiesto se queda corto en estos momentos. La crisis ha puesto en evidencia todo lo anterior de una forma terriblemente cruel. Lo que en estos Centros veníamos denunciando sistemáticamente ha explotado ante la perversa inactividad de los distintos gobiernos, sumándose la negligente, inmoral, y en muchos casos “alegal” e  improvisada gestión de los gobiernos autonómicos.

Hemos sido testigos mudos del deterioro progresivo que durante décadas han ido deteriorando la vida de las personas en las residencias de todo el territorio español.

¡Basta Ya! El genocidio sufrido por nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos… La evidentísima vulneración de sus derechos fundamentales, la privación de libertad hasta unos límites inimaginables, el trato degradante y la falta de humanidad de nuestras instituciones, que otorgan a empresas privadas, con sus tristes protocolos, una potestad que no les corresponde decidiendo  sobre las vidas, ha despertado a la sociedad de su letargo. La situación es tan grave que no seguiremos mudos por más tiempo. Hemos de expresar nuestra más absoluta indignación y rechazo alzando nuestras voces en un único grito.

¡Por justicia, responsabilidades!

¡Por dignidad, Derechos Humanos!

Por eso, nos adherimos a la Marea de Residencias y exigimos a los Gobiernos autonómicos un giro de 360º en sus políticas, que le impulse a ejercer, como es su obligación, de garante de los derechos de las personas más vulnerables.

exigimos al Gobierno central que se implique: ¡Ley de Residencias Ya!

Fonte: https://aavvmadrid.org/noticias/madrid-acoge-una-manifestacion-estatal-para-demandar-la-inmediata-aprobacion-de-una-ley-de-residencias/

Convocatoria #LosBarriosSeLevantan: Un Gran Éxito

Gran éxito en la convocatoria #LosBarriosSeLevantan impulsada esta tarde por las #AsociacionesVecinales de la región. Más de 50 centros de salud acogen en estos momentos actos de solidaridad con los barrios confinados y para reclamar más recursos en Atención Primaria, sanidad, educación, transporte y otros servicios públicos. De esta manera ganaremos al Covid-19, y no segregando, como se está haciendo, los barrios trabajadores más humildes. ¿Nos escucharán en esta ocasión nuestros gobernantes? Orgullo de barrios y de movimiento vecinal, responsable y consciente. #DignidadDelSur #dignidaddeleste #Dignidaddebarrios

238 medidas para la reconstrucción de la región madrileña post Covid-19

Tras analizar la difícil situación que atravesamos, la FRAVM ha elaborado un documento con 238 propuestas de 18 áreas diferentes destinadas a afrontar la crisis económica y social consecuencia de la epidemia del Covid-19. Estas van desde una reforma fiscal que aumente la carga a las rentas más altas hasta un incremento del número de trabajadores sociales, pasando por un aumento de las plantillas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, un plan de construcción de residencias de mayores públicas o una apuesta decidida por el transporte público, la bici y los desplazamientos a pie.

La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto, de una forma descarnada, la debilidad de nuestro sistema de protección social y la fragilidad de nuestro modelo económico. Es evidente que ninguna región o país estaba preparado para afrontar una crisis sanitaria como la que hoy sufrimos, pero también lo es que el virus llegó a una Comunidad de Madrid con un escudo público extraordinariamente menguado tras años de recortes y privatizaciones. La enorme tragedia vivida en las residencias de mayores, que ya se ha llevado a más de 8.500 de nuestros abuelos y abuelas, aparece como el resultado más doloroso de esta ecuación.

Pero esta crisis sanitaria, que ha convertido a la región madrileña en la más afectada en cuanto a número total de contagios y personas fallecidas, no ha venida sola. Una crisis económica más profunda que la de hace una década ha comenzado a fraguarse, como bien conocen los colectivos de barrio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), hoy centrados en responder a la emergencia alimentaria y social con el desarrollo de despensas solidarias y otras iniciativas destinadas a ayudar a la vecindad más desprotegida. Las “colas del hambre” que a diario podemos ver ante las sedes de nuestras asociaciones muestran las raquíticas dimensiones de nuestro sistema de protección social, con unos servicios sociales municipales absolutamente desbordados, incapaces de absorber la enorme demanda existente. Solo en el municipio de Madrid la crisis ha destruido entre 60.500 y 108.000 puestos de trabajo, según cálculos del Ayuntamiento.

Ante este panorama, la FRAVM, muy preocupada por la realidad que llega de los barrios y localidades de la comunidad autónoma, ha elaborado un documento de propuestas destinadas a poner en marcha un plan de reconstrucción para la región, una batería de medidas que tiene previsto compartir con las administraciones, los agentes políticos y sociales y la ciudadanía. De hecho, esta misma tarde mantendrá una reunión con representantes de Más Madrid con este fin, y en breve espera hacerlo también con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al que ha solicitado un encuentro. En los días pasados ha presentado buena parte de las propuestas del documento a Unidas Podemos, el Grupo Socialista y CCOO.

El informe de la federación recoge un total de 238 medidas repartidas en 18 áreas, que van desde sanidad, residencias de mayores y servicios sociales hasta política fiscal, empleo y gestión de residuos, pasando por cultura y deportes, igualdad, educación, transporte y movilidad e incluso huertos urbanos.

“La crisis ha disparado el volumen de población perteneciente a colectivos vulnerables que necesitan de ayudas. Debemos prepararnos para recibir una oleada de personas desempleadas que antes de la pandemia estaban trabajando, se multiplicará el número de desahucios de vivienda… y así una buena lista de urgencias sociales que necesariamente la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos deben afrontar, algo que pueden hacer de la mano del movimiento vecinal, que siempre va a aportar su experiencia y conocimiento de la realidad de los barrios y municipios con el fin de que la respuesta sea más rápida y certera”, señala Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, resumiendo el espíritu del documento.

MÁS DE 200 MEDIDAS PARA RECONSTRUIR MADRID

El informe vecinal arranca con las propuestas de sanidad, entre las que destacan un incremento del número de profesionales de Atención Primaria, Pediatría y Atención Hospitalaria, un aumento del número de camas hospitalarias, la creación de una farmacia pública, la construcción de los centros de salud comprometidos por el Gobierno regional y la reversión de los 7 hospitales PFI (de gestión mixta) y los 4 hospitales PPP (de gestión privada) existentes.

A renglón seguido, aborda el déficit que viven los servicios sociales, y para paliarlo la FRAVM sugiere incrementar el número de trabajadores sociales municipales hasta llegar a la ratio de 1 por cada 3.000 habitantes, como recomienda el Consejo General de Trabajo Social. La federación también propone extender las tarjetas-monedero recargables, la aprobación automática de las solicitudes de ayuda en los casos de urgencia (comida, medicamentos, vivienda) y asegurar el volumen de productos de que disponen los ayuntamientos para atender las demandas de primera necesidad de la población, con el fin de que se hagan cargo en un plazo muy breve de las familias que hoy en día atienden las redes vecinales. En el caso de la capital, estas ascendían en abril a 6.000 hogares, un número que en mayo se ha quedado muy desfasado.

Respecto a las residencias de mayores, la FRAVM defiende la transición hacia un nuevo modelo en el que la mayor parte del peso recaiga en la Administración, con un plan de inversiones públicas que acabe con el actual déficit de 10.000 plazas, lo que equivale a abrir en la Comunidad de Madrid 100 nuevas residencias públicas de 100 plazas cada una. Para ello, habría que liberar entre 750 y 1.000 millones de euros. Por otro lado, la normativa debería fijar unos estándares mínimos en relación al número de personas atendidas (personal en cada turno, superficies, habitaciones, equipos…) y habría que dotar a los centros de salud de una plaza de médico/a de geriatría que atienda a las residencias y a la población de su zona.

En el capítulo de igualdad, la federación propone, entre otras cosas, la puesta en marcha de programas específicos para mujeres mayores aisladas en sus casas (que por ejemplo viven en edificios sin ascensor o tienen dificultades para salir a la calle).

Y en educación, además de la ejecución inmediata de los centros educativos ya presupuestados, sugiere la activación de ayudas para alimentación a las familias vulnerables con hijos e hijas en edad escolar durante el periodo vacacional, la reanudación de los comedores escolares en septiembre y la mejora de las ratios de personal docente/alumnado, considerando los parámetros aconsejables para evitar contagios.

En cuanto a movilidad y transportes y contaminación, además de reforzar el transporte público y de una apuesta decidida por la bicicleta con la creación de carriles bici temporales, y por los itinetarios a pie, la entidad vecinal sugiere extender Madrid Central a otras áreas de la capital y la bonificación o gratuidad del abono transporte a personas desempleadas y trabajadores/as en situación de ERTE.

En gestión de residuos, sería importante poner en marcha un plan de reducción de desechos Covid-19, así como un sistema de medición frecuente de emisiones en el entorno de la incineradora de Valdemingómez, que desde hace semanas procesa residuos sanitarios de este tipo.

Vivienda, reforma fiscal y economía son tres de los capítulos que incluyen un mayor número de medidas. En el caso de que las rentas del alquiler no bajen a niveles razonables en los próximos meses, la FRAVM propone aprobar en la Asamblea de Madrid la regulación de los topes máximos de alquiler y de sus incrementos anuales, así como ampliar “a muy corto plazo el parque de viviendas alquilables” e imponer una tasa o un recargo en el IBI de las viviendas vacías.

Por otro lado, la organización ciudadana entiende que es necesario un cambio en la política fiscal que garantice la suficiencia de los recursos públicos. La Comunidad de Madrid tiene la presión fiscal más baja de España, de modo que es preciso elevarla sobre los grandes patrimonios y rentas de la región. En este marco, propone una rebaja en el IRPF a las familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida por la Covid-19, así como actualizar el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 € (con un incremento del 22,5%) y la creación de dos nuevos tramos, para rentas superiores a 120.000 € (23,5%) y para rentas por encima de 200.000 € (25,5%). Además, sugiere eliminar la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a aquellos contribuyentes con herencias (bienes, derechos, seguros…) por importe superior a un millón de euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a aquellos patrimonios superiores a 700.000 € (excluyendo de la base la vivienda habitual, aplicando la tarifa de la Ley 19/1991, de 6 de Junio, del Impuesto de Patrimonio).

Por otro lado, y en línea con los alcaldes y alcaldesas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Murcia, propone que los ayuntamientos puedan disponer de los remanentes acumulados de los ejercicios económicos anteriores sin ningún tipo de limitación y mayor flexibilidad en los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para poder aumentar el gasto público.

Finalmente, en el área de “recuperación económica”, la FRAVM sugiere, entre otras medidas, la aprobación de planes de revitalización del pequeño comercio de barrio, la puesta en uso de los locales de la EMVS y la AVS vacíos, un plan de ayudas al sector del turismo rural, un impulso a la rehabilitación edificatoria y la promoción de un parque científico vinculado al sector de la salud en alguno de los polígonos del sur y este de Madrid (Villaverde, Vallecas o Vicálvaro), siguiendo el modelo de la Fundación Parque Científico de Madrid.

En el enlace siguiente puedes descargarte el documento completo de propuestas de la FRAVM.

El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para pedir una moratoria o rebaja en el pago del alquiler

El Gobierno central publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una ampliación del plazo para que las familias más afectadas por la crisis del Covid-19 puedan solicitar una moratoria o una rebaja en el pago del alquiler. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo marcaba el próximo 2 de mayo como fecha límite y ahora se prorroga dos meses más, hasta el 2 de julio.

Tal y como puede leerse en las disposiciones finales del BOE de ayer , la ampliación supone una modificación de la citada norma, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Tras el cambio, el plazo para demandar al casero una moratoria o una rebaja en el alquiler ha pasado de un mes a tres meses, contando siempre desde el pasado 2 de abril. Las condiciones y requisitos para poder acceder a esta medida no varían, siguen siendo los mismos. Los recordamos:

¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?

Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:

– En situación de desempleo.
– Dentro de un ERTE.
– Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
– En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.

¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?

Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:

  • No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
    • Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
    • Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
    • Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
    • Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
    • Etc.
  • La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?

El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:

  • En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el hasta el 2 de julio de 2020 (el primer plazo era hasta el 2 de mayo, pero se ha ampliado hasta el 2 de julio).

¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?

Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.

¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?

El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.

Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.

¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?

Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.

¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?

Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.

¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?

Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.

Pero entonces, ¿a quién tengo que solicitar la moratoria o reducción del pago del alquiler?

Los modelos de documentos que aparecen a continuación deben enviarse al arrendador o propietario de la vivienda en alquiler.

Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno central

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2020, que establece una serie de medidas de apoyo a las familias que residan en una vivienda alquilada y no puedan hacer frente al pago de la renta por causas relacionadas con la actual crisis sanitaria, el Área de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM ha elaborado una serie de documentos con el fin de que las asociaciones vecinales puedan informar a sus vecindarios. Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 2 de mayo.

El citado real decreto ley contempla una serie de medidas de apoyo a las familias que están en alquiler y que como consecuencia de la crisis del coronavirus han sufrido una significativa bajada de ingresos. A continuación desgranamos esas medidas y ponemos disposición tres modelos para solicitarlas: una solicitud tipo y dos escritos de declaración responsable que deben acompañar la solicitud.

Las medidas se encuentran recogidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, cuyo enlace es el siguiente: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.

¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?

Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:

  • En situación de desempleo.
  • Dentro de un ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
  • En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.

¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?

Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:

  • No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
    • Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
    • Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
    • Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
    • Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
    • Etc.
  • La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.

Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?

El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:

  • En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.

¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?

Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo de 2020.

¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?

Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.

¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?

El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.

Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.

¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?

Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.

¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?

Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.

¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.

¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?

Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.

Documentos.

Modelo solicitud moratoria o rebaja alquiler covid-19:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81410/modelo-solicitud-moratoria-o-rebaja-alquiler-covid-19.doc

Declaración responsable cumplimiento requisitos:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81411/declaracion-responsable-cumplimiento-requisitos.docx

Declaración responsable carencia de documentos:

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81412/declaracion-responsable-carencia-de-documentos.rtf

Resumen ayudas al alquiler coronavirus

https://aavvmadrid.org/documentos/41/urbanismo-y-vivienda/81413/resumen-ayudas-al-alquiler-coronavirus.pdf

La FRAVM se opone al cierre de centros de salud y demanda a la Comunidad de Madrid total transparencia informativa

Consciente de la situación de excepcionalidad que vivimos, la organización vecinal pide al Gobierno regional que no debilite aún más la Atención Primaria con el desvío de profesionales al hospital de campaña del IFEMA, una medida que forma parte del plan de reorganización de la Consejería de Sanidad. El seguimiento telefónico y la asistencia domiciliaria de los centros de salud están siendo esenciales para no saturar aún más las urgencias hospitalarias.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a 287 colectivos de la comunidad autónoma, es muy consciente de la situación de excepción que vivimos en estos momentos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. De hecho, desde que las administraciones comenzaron a aplicar las primeras medidas para hacerla frente, se puso a su completa disposición, y el pasado viernes envió una carta al ministro de Sanidad en la que le urgía a enviar a Madrid respiradores y material de protección para que nuestros profesionales sanitarios puedan combatir la enfermedad en mejores condiciones. Todo esfuerzo es poco para frenar una pandemia que ya se ha cobrado más de 1.200 personas en nuestra región, una verdadera tragedia que aún está lejos de remitir. En este contexto, entendemos perfectamente la necesidad de reorganizar el sistema de salud autonómico, pero esto no puede pasar por debilitar, aún más, nuestra Atención Primaria, un sector que está siendo esencial en estos momentos para la población, y que sirve, entre otras muchas cosas, de dique de contención para los servicios de Urgencias de los hospitales. Gracias al seguimiento telefónico y a la asistencia domiciliaria de centenares de enfermos y enfermas con síntomas de coronavirus, que desde hace días realizan los profesionales de los centros de salud, los hospitales no están hoy aún más saturados.

Por ello, resulta sumamente peligroso trasladar un elevado porcentaje de médicos y enfermeras de Atención Primaria al hospital de campaña del IFEMA, reduciendo horarios e incluso cerrando centros de salud completos. Lamentablemente, aún desconocemos cómo piensa realizar la Comunidad de Madrid su anunciada reorganización sanitaria en Atención Primaria. ¿Qué centros de salud van a cerrar y durante cuánto tiempo? ¿Dónde se tienen que dirigir las y los pacientes de las áreas afectadas? ¿Cómo y quién va a atender patologías diferentes al coronavirus en estos lugares? Son preguntas que requieren de una respuesta inmediata, pues el Gobierno regional ya ha comenzado a clausurar centros de salud, como es el caso del CS Los Alperchines, en San Fernando de Henares y mañana hará lo mismo con el CS de Alameda de Osuna, en Madrid. También tiene previsto clausurar temporalmente el CS de Velilla de San Antonio y eliminar las consultas de tarde de los centros de salud del Barrio del Puerto y del Barrio de la Estación, ambos en Coslada. Y esto es solo un ejemplo.

En este marco, la FRAVM reclama a la Comunidad de Madrid TOTAL transparencia informativa y, de nuevo, que busque los recursos necesarios para que el hospital de campaña del IFEMA no suponga una sangría irreparable en nuestro sistema de Atención Primaria que, recordemos, es el que aporta la mayor cercanía y proximidad al vecindario. ¿No es posible reforzar el centro de emergencias de la feria de muestras con facultativos jubilados, profesionales de otras provincias o estudiantes del último año de Medicina, tal y como se ha anunciado?

Por otro lado, aprovechamos para pedir, al igual que están haciendo otras muchas voces, que se adecúen las miles de camas que aún permanecen vacías, tanto en el sector sanitario público como en el privado, de acuerdo al Estado de Alarma.

Sabemos que la situación es durísima, pero nos parecería un error muy grave menguar, aún más, la calidad asistencial de la Atención Primaria, un sector muy debilitado por años y años de recortes. Nos guste o no, el resto de enfermedades y patologías siguen existiendo y todas las personas enfermas tienen derecho a cuidados y atención. La población sigue necesitando médicos, enfermeras, pediatras y especialistas para atender esta demanda, por lo que pedimos actuar con racionalidad y equidad, y no abandonar a su suerte a la población de las zonas rurales y de otras que se pueden ser afectadas en primer lugar por la reorganización sanitaria producto del COVID-19.

Imagen: San Fernando News

Fuente: https://aavvmadrid.org/noticias/la-fravm-se-opone-al-cierre-de-centros-de-salud-y-demanda-a-la-comunidad-de-madrid-total-transparencia-informativa/